¡Vaya propuesta!

Desde hace unas semanas, el actual gobernante del Distrito Federal (D.F.), Marcelo Ebrard, ha tratado de impulsar una iniciativa que intenta frenar el rampante e ilícito negocio del secuestro en la Ciudad de México. Esquema que él desearía, se pudiera implantar en todo el país. Sin embargo, y a pesar de los pseudo-intelectuales y supuestos profesionistas que le rodean para asesorarle a crear inteligentes proyectos como éste, la propuesta es verdaderamente demencial.

Según este proyecto, todos aquellos ciudadanos y residentes en territorio nacional que sufran el secuestro de un familiar, conocido o amigo, no podrán pagar rescate, pues se convertirían de facto, en acreedores directos a diversos tipos de sanción, que van desde multas administrativas, hasta una forzada visita a alguna institución penal. Asimismo, aquellos individuos que se enteren de un caso de rapto y no lo comuniquen “oportunamente” a las autoridades “competentes”, sufrirán el mismo destino.

Lo mejor en este asunto, sería que el primer mandatario del D.F. dejara de "hablar tanta paja", y se dedicara en cuerpo y alma a ejecer, plena y pragmáticamente, el cargo que tantos mexicanos le sobre-pagan (por sus míseros resultados), tanto en especie como en efectivo.

Sabemos de antemano que las corporaciones policíacas, encargadas de enfrentar a la delincuencia, están plagadas de dinero del narco. Y cómo no habrían de estarlo, si así nacieron. Los grandes jefes partidistas y sindicales, políticos, magistrados o directores de departamentos judiciales de antaño, siempre fueron señalados por testigos como los verdaderos capos del narcotráfico en México ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido únicamente “de oídas” que personas como “el profesor” Hank González ó “El negro” Durazo eran señaladas como presuntos “jefes de familia”? Y si no ejercían como tales, seguro sí protegían los intereses de los implicados. El silencio era la única ley vigente en ese obscuro y violento mundo de complicidades.

Desgraciadamente para “la tranquilidad social”, actualmente eso pareciera haber caído en el desuso, pues ahora es todo lo contrario.

Entre más ruido se haga, pareciera que se goza de mayor notoriedad, poder e importancia. Únicamente de esa forma se explica cómo individuos de las altas esferas vivan cínicamente de “sus rentas”, conviertidos en afamadas personalidades “en el mundo de la farándula”. Cabecillas irredentos de bandas delictivas que asolan al país. Gobernadores en estados fronterizos, policías federales, judiciales, jueces, ministerios públicos, procuradores de justicia, y una larga cadena de etcéteras, se extiende por la nación.

Los tiempos en que el estado gobernaba toda extensión criminal en territorio mexicano, llegaron a su fin y el vacío que dejó la ausencia de esos antiguos mafiosos, suscitó las condiciones exactas que sobrevinieron y que sufrimos ahora, donde el caos que impera hoy día en las instituciones gubernamentales, permea a toda la sociedad. Clara evidencia de corrupción e impunidad que ha devenido en cáncer, el cual mina todas las expectativas de vida, estabilidad, paz y combate efectivo de la federación contra el crimen, pues éste sí se encuentra totalmente organizado.

Pareciera que los únicos que podemos pagar por las omisiones, negligencias, perversiones, evasiones fiscales, impunidad, clientelismo, corrupción y diatribas gubernamentales, somos los ciudadanos, esa golpeada Srita. Sociedad Civil, esa misma cansada de atropellos torpes, promesas impolutas y nunca cumplidas y "más de lo mismo", la cual ve reflejado su cansancio en los interminables discursos de las autoridades en turno. De ahí, que la propuesta del Gobierno del Distrito Federal (GDF), sea solamente una rapaz manera de adquirir notoriedad, en un momento crucial para los residentes en México, sean extranjeros o nacionales.

¿Por qué gravar más a la sociedad en su conjunto? ¿Por qué impulsar una iniciativa que a todas luces sólo se cumplirá para aquellos que menos tienen? Cosa común en suelo azteca. La impunidad con la cual se acepta la corrupción, es la que en realidad resta toda fuerza a los llamados de la gente para que se acabe con la delincuencia.

¿Por qué ese torpe afán de condenar a los ciudadanos si pagan un rescate? ¿Por qué sentenciarlos a prisión si no denuncian por miedo a los secuestradores? ¿Acaso las fuerzas del orden cumplen al condenar a criminales? Sí, esos mismos que salen libres bajo cualquier pretexto, y quienes dejan tras de si, procesos donde fueron absueltos de penas judiciales por falta de evidencia y testigos en su contra, pero que regresan con el firme propósito de victimar a aquellos que tuvieron el valor de denunciarlos.

¿Cómo denunciar, cuando se sabe de antemano que muchos de los policías en activo son parte de las redes criminales? ¿No le pasó así al niño Martí? ¿Cómo entender la propuesta de un ejecutivo local como Marcelo Ebrard para supuestamente "cerrar la llave" del dinero a secuestradores, justificando sus golpes contra la sociedad, arguyendo que así se verá que los ciudadanos deberán denunciar y no pagar nunca más a criminales? ¿No sería un asunto de sentido común, que en vez de aplicarle "mano dura" a los ciudadanos, se aplicara justamente esa misma ley, conforme al estado de derecho (y de la que tanto se jactan los funcionarios mexicanos) contra criminales de todo tipo, desde los secuestradores y narcos, hasta delincuentes de cuello blanco, funcionarios corruptos y policías criminales? Igual y al hacer esa supuesta “limpia”, todas las oficinas de gobierno quedan vacías.

Por otro lado, ¿Ustedes creen que los delincuentes se van a detener a pensar que si secuestran a alguien, la familia, conocidos o amigos del plagiado en cuestión, serán encarcelados y sentenciados por apresurarse a entregarles dinero? ¿Ustedes creen que esta medida impedirá que crudos malhechores detengan sus acciones de seguir extorsionando a las personas que capturan para que los demás integrantes del núcleo familiar del rehén no sean sancionados por las autoridades correspondientes? ¿Acaso no suena estúpido? La verdad no sé si reir o llorar…

Esto lo único que acarreará, será un menor índice de denuncias públicas. De ahí en fuera, y gracias a tales cifras, las autoridades se pavonearán diciendo que ha bajado el indicador delictivo. De verdad, hay que ser, no palurdo, sino verdaderamente un ente alienado, venido más allá de Kriptón, desvinculado de la sociedad a la cual aparentemente gobierna, para aventarse a soltar tales idioteces. No es posible que los constructores de inciativas como ésta, se solacen en su porquería, pretendiendo esgrimir una solución mágica a un problema tan complejo. Se necesitan verdaderas razones, “acciones” y propuestas, no verborrea taradúpida, disfrazada de una supuesta reflexión pensante.

Si Marcelo Ebrad verdaderamente busca acabar con la delincuencia ó con la impunidad, en la metrópoli más grande del mundo, debería terminar con las redes de clientelismo que apoyan la proliferación de comerciantes ambulantes tanto en las calles, como en el sistema de transporte colectivo, mejor conocido como Metro. Pero ahí sí, nadie comenta nada ¿verdad? O ¿Qué pasa con los casos probados de corrupción y soborno entre autoridades locales? ¿Por qué no se les condena, encarcela é impide tomar posesión de cargos públicos de forma indefinida? ¿Y qué sucede con los mandos policiales que tienen que salir de las corporaciones judiciales por probárseles malos manejos o conductas indebidas? ¿Por qué sobre ese aspecto nadie de su gobierno dice nada?

Disculparán ustedes este post, pero la verdad, la oligofrenia extrema del Estado mexicano, es una de las cosas que más me molestan en el mundo, máxime en los casos en los cuales los que proponen burradas como la citada anteriormente, sólo buscan ganar importancia en los medios de comunicación, en pos de una carrera electoral presidencial, aún sin definir.

Alguna sugerencia

Existen varios motivos en la población para mostrarse descontenta con las autoridades en México. Y podrían señalarse varias, entre ellas la pobreza, y por ende la paupérrima distribución de la riqueza; la poca voluntad gubernamental de impartir una educación de calidad, la ausencia de un plan cierto para producir un cambio sustancial en las condiciones anómales que persisten en el campo, la "posibilidad" de fraude electoral durante los pasados comicios presidenciales y una infinidad de etcéteras. Sin embargo, el tema de la inseguridad es un tópico cotidiano, y posiblemente sea, el más radicalmente urgente por resolver en esta nación.

Y debiera serlo para todos, dado su crecimiento exponencial, su inmensa capacidad para incrementar su crudeza, su ausencia total para respetar la vida y derechos de los ciudadanos; no obstante, continúa siendo uno de los tópicos más subestimados por el general de la clase política mexicana, aún cuando en ocasiones, son sólo unas víctimas más del crimen (por lo visto, lo único verdaderamente organizado en este país). Como en cierta ocasión, donde "alguien totalmente desconocido", ubicado dentro de la misma Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, mandó diversos mensajes SMS, vía teléfono celular, para tratar de extorsionar a los legisladores presentes. Y como ese ejemplo, cientos más, sindicos municipales perseguidos, coercionados, y ejecutados, gobernadores coludidos con narcotraficantes, policías judiciales en la nómina de delincuentes, etc. Pese a ello, los actores políticos se desentienden con una facilidad y singular alegría, además que permanecen debatiendo cuestiones solaces, como aquella donde pidieron se aprobara un punto de acuerdo para faltar "legalmente" a las sesiones del pleno, a fin de resolver asuntos de índole personal.

No es de extrañarse entonces, que todos ellos aplaudan medidas como la salida del ejército a las calles para tratar de frenar el avance de las redes criminales, omitiendo negligentemente el mantenimiento de un servicio policial de inteligencia, ó simplemente, la creación de un sistema educativo con la premisa concreta de crear mejores ciudadanos. Además, no debe contemplarse como un hecho totalmente "insólito" que su apoyo se presente únicamente "en papel", bajo la imagen de una imposición de leyes más estrictas contra los transgresores del Estado de Derecho vigente, pero que en cambio, su aplicación irresoluble se convierta en nada ó en menos que eso. Tampoco deberán así, sorprenderse los intelectuales y pseudo-periodistas mexicanos, cuando la Srita. Sociedad Civil detente "justicia por su propia mano", la cual a parte de ser sesgada, parcial y generalmente obtusa, puede incurrir en violencia indebida, excesos y hasta equívocos fatales, como en el incidente de Tláhuac y por el cual fue depuesto en su momento Marcelo Ebrard. En su caso, tampoco podrán los magistrados y politiqueros de altas esferas, buscar presuntos indiciados en incidentes mortales, cuando por décadas, han omitido, negligentemente, cambios de fondo en la concientización é impartición de justicia, cuando en realidad, pretenden solucionar las carencias patentes con un "parche mal cosido", conocido recientemente como "La" Reforma Judicial. Solamente un punto a favor sobre esta supuesta "modificación mayor" a la constitución: la contemplación de "robo famélico" como elemento exculpatorio; pero eso es todo.

Alguien hace unos días, me dijo que todo en el mundo, se reduce a una cuestión de percepción. A pesar de no estar de acuerdo con lo dogmático de la frase ó interpretación, aquí puede aplicarse a la perfección. La población, en general, observa cierta ausencia en el compromiso oficial respecto al tratamiento de la Delincuencia versus la Sociedad Civil. Ninguna de las medidas implementadas hasta ahora, ha resultado positiva para reducir el accionar de los criminales en México (quienes ya no buscan sólo controlar territorio azteca, ahora han expandido sus tentáculos mucho más allá de suelo norteamericano. De hecho, se tiene información que indica que han llegado hasta el continente africano). Al contrario, sus actos se han recrudecido, pues ya no sólo actúan contra personajes de su misma calaña, y/o contra la población adulta, contra empresarios o personas comunes y corrientes, sino que ahora los niños son víctimas ideales y constantes de sus desmanes, pues los han ocupado como mercancía para redes pederastas, como escudos humanos, y hasta como rehenes en casos de secuestro. Si esta situación no hace reaccionar a las autoridades, ningún incidente, por grave que resulte, lo hará. Solamente será un elemento más en el catálogo de afrentas/anécdotas del pueblo mexicano, sin que medie de ninguna forma, una solución práctica y efectiva.

Es necesario imponer un límite antes que sea demasiado tarde. Y ya es muy tarde, pero puede considerarse que en caso contrario, las cosas podrían devenir en atentados de suma gravedad para la seguridad y soberanía nacionales. No olvidemos a las FARC, las cuales pasaron de ser un movimiento social revolucionario, a un grupo de paramilitares vinculados con el tráfico de drogas, amén del secuestro de personas. Y son indispensables previsiones, no únicamente urgentes, sino tangencialmente duras y estrictas. No solamente la implantación de penas más graves, sino la clarificación de todos los procesos judiciales, pues en este país es muy dado ajusticiar a alguien sin tener todas las pruebas ó siquiera tener la certeza sobre la culpabilidad de un sujeto, pues ¿Cuántas veces no hemos visto a gente encerrada injustamente?

Y así, detallando, a los individuos recurrentes y sistemáticamente violentos, esos que padecen cierto grado de inmoralidad, debiera aplicárseles la ley en su justa medida, desde la amputación de miembros (como en el mundo árabe antiguo), la nóvel castración química a pedófilos, hasta la llamada "Ley del bit de desecho", la cual prevé la eliminación de un bit en un espacio donde sólo cabe uno, pues ¿Para qué hacer más grandes ó modificar en forma vertical los recintos penitenciarios, si ni siquiera existen presupuesto suficiente, ni programas adecuados para la readaptación de los delincuentes? Asimismo, pocos poseen la voluntad para dejar de lado sus conductas viciosas. Además, ¿Por qué se tiene que gravar aún más a la sociedad para la manutención de convictos, quienes únicamente representan una carga fiscal y económica? ¿Por qué sencillamente se piensa que no hay otra forma? ¿Por qué se malentiende, a propósito, el concepto de Derechos Humanos? En vez de todo lo anterior, ¿Por qué no crear planes especiales para que aquellos criminales que no sean considerados de alto riesgo, trabajen para ganarse el sustento, sin importar el término ó duración de su sentencia?

¿No existen quejas sobre la pobreza y la falta de manos en el campo? Que trabajen los reos ¿No acaso se necesita mano de obra para mantener la infraestructura carretera? Que pongan a laborar a los convictos ¿Qué se necesita abaratar la construcción de un hospital público? Que lo construyan quienes abarrotan, en condiciones tremendas de acinamiento, las cárceles mexicanas. Y en ese orden de ideas, que de paso edifiquen centros de atención a delincuentes recién liberados, y que además, desarrollen herramientas de alfabetización y educación básica, superior y media entre reos. De esa manera, se hace pagar a los transgresores con base en un servicio social a la comunidad, se reduce el presupuesto total de un proyecto cualquier que éste sea, y por el otro se brinda la oportunidad para que los delincuentes aprendan un oficio. Y hoy, que está en boga la privatización de usos públicos, podría usarse la co-inversión de empresarios (con alguna excención o deducción fiscal de por medio) para la creación de artículos varios, desde la confección de camisetas, la fabricación de placas para automóviles, gafetes de identificación, la fundición de armas de fuego para la recuperación de metal, la recolección de basura en playas y ciudades, el reciclaje y división de materiales desecho, la creación de incubadoras de negocios, etcétera. Es decir, cualquier actividad o servicio que redunde en algún beneficio para la sociedad, a la cual constentemente agravian.

¿Suena a fantasía? Podría ser, pero todo esto puede conseguirse, sin duda, y hacerse bajo el sistema de presión congruente ante autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales (tanto federales como locales). Pero no me refiero al estilo agresivo, sin sentido ("a tontas y a locas") que ejerce Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Frente Amplio Progresista (FAP) y huestes que lo acompañan, sino a través de una campaña bien planeada, escalonada, y con metas-objetivos altamente definidos para evitar disoluciones, divergencias y divagaciones mentales, que sencillamente afectarían el resultado final.