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No es de extrañar que miles de personas en este país se encuentren molestas por la falta de compromiso moral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ciertamente, este caso arrojó un saldo negro para este poder de la federación, levantando infinidad de sospechas, en un país donde la actitud de entrada de muchos ciudadanos, consiste en mostrarse escéptico ante cualquier disposición o medida adoptada por las autoridades.
Esta situación sólo exhibe que los pejepartidarios, podrían no haber estado tan equivocados después de todo en su "lógica" lucha contra los poderes fácticos e "ilegítimos" del país. A los pejelovers les faltó no únicamente pericia y sentido común, sino mucha cultura general para entablar, no un diálogo con sus adversarios, sino una forma efectiva para confrotarlos y salir airosos de la contienda.
Por otro lado, es claro que una decisión como la que tomó la SCJN respecto al caso Lydia Cacho, presta mucho material para que la población desconfíe mecánicamente de este tipo de sentencias. Gracias a determinaciones como la anterior, se corre el riesgo que personas inclinadas por su educación y contexto histórico a polarizar las cosas y cuadrar su realidad en conceptos absolutos, no sólo representen una amenaza real para cuestiones que debieran ser imparciales y desapasionadas, sino que pongan en tela de juicio los procedimientos jurídicos de toda una nación, declarando que los tribunales deben ser "sensibles" ante las necesidades de la población, cuando en realidad, el único motivo por el que existen instancias jurídicas es la necesidad de impartir justicia. Es decir, llanamente, "dar a cada quien lo que le corresponde".
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Lo realmente exquisito, es la afirmación que hizo el juez Mesa, quien señaló que las averiguaciones sobre abuso de menores, revelaron la existencia de redes nacionales de pederastia y "trata de blancas", evidencia que se hará de lado, aún siendo concreta y tangible. Y este no es asunto menor como lo calificó el magistrado Anguiano, pues éste, representa un problema grave que tarde que temprano azolará, sin duda, a todo menor de edad en territorio mexicano, y ese, es el verdadero peligro.
Muchas bromas se hicieron sobre las presuntas palabras del mandatario estatal y sus dichos con Kamel Nacif -quien actualmente busca sacar sus empresas de la entidad poblana-, pero de nada sirvieron las grabaciones telefónicas, pues fueron desechadas como pruebas contundentes. Era obvio, desde el principio, que dicha evidencia sería desechada, pues no fue obtenida de manera adecuada. Debemos dejar de lado lo que podría parecer obvio: la violación de los derechos de Lydia Cacho, la violencia ejercida contra los niño(a)s por criminales como Succar Kuri, y obligarnos a fijar nuestra atención en lo que puede ser "probado" ante las autoridades "competentes".
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No es tanto lo tangible, sino lo que se pueda probar procesalmente hablando, lo que sustenta un alegato o juicio contra un tercero. Únicamente así, fijándose en la letra pequeña de la ley es como puede ganársele la partida a criminales como los descritos antes. Desgraciadamente, las cosas nunca se presentan a modo, es decir, ¿cómo Lydia Cacho, a parte de su dicho versus los testimonios de los policías que la detuvieron en Cancún, pudiera comprobar que efectivamente se vejaron sus derechos, no solamente como periodista, sino como ser humano? Y ese es el meollo del asunto.
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¿Cómo repensar la justicia en este país, después de lo acontecido? ¿Cómo reflexionar la impartición de equidad, cuando suceden cosas como ésta? ¿Cómo tener expectativas positivas de la nación en cualquier rubro, si ni siquiera se logra enjuiciar a criminales encubiertos y solapados por el propio gobierno? ¿Debemos creer que los funcionarios y legisladores, sí laborarán para esclarecer no solamente el caso de extorsión telefónica de que fueron objeto, sino que harán todo los posible para establecer las condiciones básicas donde vivan todos los mexicanos? ¿Cómo esperar, cómo creer, que la administración federal de Felipe Calderón cubrirá las necesidades que se plantean diariamente en tópicos como combate a la delincuencia organizada, educación y crecimiento económico, por mucho que lo repita, de que su gobierno trabaja para que México avance?
Este sin duda, es un día negro para la nación, no únicamente para los testigos y víctimas, perseguidos y vejados, sino para todos los mexicanos. No nada más es frustrante, sino verdaderamente triste.
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