miércoles, febrero 08, 2006

De puras oídas

Acabo de escuchar por ahí una idea que hace mucho, pero mucho tiempo no oía:
¿Cómo acabar con una parte de la corrupción que corroe las entrañas del quehacer político o partidista? ¿Cómo impedir que parte de los fondos o recaudaciones monetarias de distintas fuentes llegue al bolsillo de los candidatos, legisladores o políticos en turno?

Pues una forma de conseguirlo sería desarrollar a un nuevo nivel lo que hacen actualmente las televisoras particulares, pero de una manera más amplia, seria y no sólo como un aburrido y pobre ejercicio sexenal que sólo fastidia y da risa.
Es decir, se debe obligar a las televisoras y radiodifusoras con capital privado a abrir sus frecuencias para la participación e inclusión de las plataformas (completas) de los aspirantes, sus nombres, proyectos, logros (reales y comprobables, no sólo nominales) y con una extensa participación de la gente. Así es: la afamada, multicitada y desgastada realimentación desde el público. Es decir una serie televisiva completa diaria y/o semanal. Para ejemplo y como guía, sirva el programa recién lanzado al aire el 19 de enero de 2006 en Televisión Azteca por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su bonito séquito de colaboradores. El problema con este programa en especial y con el actuar de AMLO, radica en que no sólo rebasa a las instituciones actuales y a la legislación vigente, pues este caso no está contemplado. Sino en que se burla del sentido común, de los candados y la autoridad establecida en y por el IFE. Así entonces fue fácil implementar su transmisión, pues como reza un viejo adagio: "lo que no está delimitado en la ley, está permitido".
Sin embargo, desde un punto de vista práctico, su equipo de campaña tuvo éxito al "estirar" la ley para conseguir la transmisión de esta "linda" emisión con afanes políticos.
Dejando de lado este asunto sobre la legalidad, este programa de televisión representa un costo a la campaña presidencial de AMLO, es decir, cuesta dinero. Y ¿De dónde sale este capital? ¿Pues de dónde habría de ser? Es obvio, del bolsillo de todos nostros, los contribuyentes y entregados a través de diversos mecanismos. Desde el IFE hasta la recolección ilegal de recursos por medio de la nómina de empleados gubernamentales. Este tipo de prácticas tiende a provocar desfalcos, fraudes, lavado de dinero, sobornos, en pocas palabras: corrupción. ¿Por qué? Pues porque se busca amasar dinero a cualquier precio. Dichos capitales son usados para publicitar a candidatos, y pagar a quienes integran los equipos de promoción y campaña de los aspirantes. Además, sería redundante señalar que este tipo de acciones son fácilmente comprobables, pues TODOS los candidatos tratarán de ganar a sus posibles contrincantes por cualquier medio y/o método posible. Con una medida como la apertura de la señal a partidos políticos, candidatos independientes, ciudadanos comunes y corrientes, sin costo alguno, se pierde el afán de lucro para sufragar los gastos que implica una emisión a favor de tal o cual candidato.
Por otro lado, también se debe exigir a esas mismas empresas de capital privado que dejen que asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, grupos sociales, minorías étnicas con lenguas distintas al español e instituciones educativas como la UNAM y otras, puedan transmitir contenidos diarios de interés general en sus respectivas programaciones.




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